Blog Derecho a Saber

 

 

México, D.F. a 12 de noviembre de 2009.- Ante la propuesta del PRI de descentralizar el programa Oportunidades, organizaciones sociales advirtieron que no existe ningún sustento ni evidencia empírica que respalde esta propuesta lo que hace suponer motivaciones políticas-electorales. Lo único que quieren los gobernadores es más dinero.

 

Por el contrario, existen pruebas y estudios que demuestran:

1. La opacidad con la que trabajan los gobiernos estatales. Investigaciones como  el Índice de Información Presupuestal del Instituto Mexicano para la Competitividad, el Informe sobre la Observancia de Estándares y Códigos de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional y el documento de valoración de las Condiciones Económicas de la OCDE, demuestran que no existen controles suficientes ni información que permita un adecuado ejercicio y control del gasto estatal.
2. Los recursos del programa Oportunidades en manos de los gobiernos estatales tienen mayores riesgos de manipulación política.
3. Para que los estados se encarguen del programa, se requeriría más burocracia, y esto incrementaría los costos de operación del programa significativamente.

 

El programa Oportunidades en manos de la administración federal:

 

1. Genera los incentivos para que los Estados vigilen la operación del programa. Dar a los gobernadores el control del padrón de beneficiarios fortalecería las maquinarias electorales locales, porque la federación tendría limitaciones para fiscalizar a los Estados.
2. Actualmente se tiene un criterio único de aplicación, lo que acota el nivel de subjetividad en la designación de recursos, de transferirse a los estados habría 32 criterios.

 

 

 

1. Permite que el usuario tenga una instancia distinta a quien acudir en caso de queja. El beneficiario sería más vulnerable si tuviera que resolver su inconformidad ante la dependencia local que le está ofreciendo un mal servicio.
2. El gobierno federal cuenta con herramientas, normas e instituciones que permiten tener una base de evidencia confiable y con medidas mínimas de transparencia.

 

No permitamos más retrocesos. Si se aprueba esta propuesta, el PRI será el responsable del aumento de la pobreza en México, y, en caso de que se apruebe y el titular del Ejecutivo no vete este decreto, se hará corresponsable.

 

 

Organizaciones firmantes:

 

Artículo 19

Centro de investigación para el desarrollo en México (CIDAC)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

Colectivo por la Transparencia

Gestión Social y Cooperación A.C. (GESOC)

Fundar: Centro de Análisis e Investigación

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social)

México Evalúa

Proyecto Fronteriza de Educación Ambiental

Sonora Ciudadana

Alianza Cívica

Hoy Alberto Díaz Cayeros publicó una columna sobre el tema en El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46290.html

Con el aval del Senado, las candidatas propuestas por el Presidente Felipe Calderón, Wanda Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén, ocuparan el cargo de comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por un periodo de siete años.
Diversas voces se han pronunciado en contra de estos nombramientos cuestionando, principalmente, el perfil, la experiencia y la independencia de las hoy comisionadas. Dejando su perfil profesional a un lado, lo que es evidente es la falta de un procedimiento transparente en la designación de los comisionados del IFAI.
Investigadores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado sobre el tema y proponen diversas vías para mejorar dicho proceso. Aquí unos botones de muestra.
Sergio López Ayllón, Secretario General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, criticó que el Ejecutivo Federal no haya explicado por qué cree que sus nominadas cumplen con el perfil y los requisitos para ser comisionadas del IFAI y estimó necesario que el Legislativo modifique la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental (LFTAIG) a fin de lograr un procedimiento “más claro y transparente” en la designación de los comisionados del IFAI. “En la ley se deben precisar los perfiles de los comisionados y diseñar un procedimiento de ratificación por el Senado que permita asegurar que cumplan con las características definidas, similar al del nombramiento de los comisionados del IFAI y del titular de la CNDH” (La Jornada, 7 octubre 2009).
En una carta pública firmada por Darío Ramírez, representante de Artículo 19 para México y Centroamérica, la organización pide que “en ausencia de un marco normativo que asegure la transparencia en el proceso, es fundamental la autorregulación del poder ejecutivo”. También se pide que se definan etapas, plazos, criterios de elegibilidad y perfil deseado de los candidatos para el proceso de selección. El tercer punto, es que se establezcan mecanismos que garanticen la participación ciudadana. Y finalmente, Artículo 19 llama a Calderón a que se garantice la transparencia publicando los documentos y decisiones del proceso. “Las decisiones relacionadas con el proceso deben ser ampliamente fundamentadas y difundidas en función de criterios y lineamientos claros. La justificación que se dé a cada uno de los razonamientos debe ser pública y estar consignada en el dictamen final” (Reforma, 8 septiembre 2009).
José Antonio Crespo sugiere que “sería bueno explorar una nueva fórmula para hacer tales nombramientos, trasfiriendo el proceso, de los partidos, a la sociedad civil. ¿Cómo? Hace tiempo vengo proponiendo la formación de comisiones ad hoc, formadas por especialistas en el tema respectivo (electoral, fiscal, transparencia, derechos humanos), miembros de instituciones diversas de educación superior de prestigio, de colegios profesionales y organizaciones cívicas destacadas en el tema, que reciban, conforme a la norma, las solicitudes de los aspirantes, revisen su trayectoria y méritos, hagan exámenes de conocimientos y realicen entrevistas. El número de quienes conformaran dicha comisión tendría que ser nutrido para evitar, también ahí, la tentación de actuar con favoritismo (a amigos o colegas de las instituciones participantes)” (Excélsior, 21 septiembre 2009).
¿Cuáles son los cambios que se requieren?
¿Cómo debería ser este proceso para garantizar el buen funcionamiento del IFAI?